ASIPINFORMA
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial
  Boletín Bimensual Diciembre 2003  
  Novedades de Chile
 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile:
Alcances en materia de Propiedad Intelectual


Por Marcos Morales Andrade - Silva & Cia.


El 6 de junio de 2003 Chile y Estados Unidos firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC), cerrando así un proceso de dos años y catorce rondas de conversaciones que concluyeron en el mes de diciembre de 2002, cuando ambos países llegaron a consenso en todos los temas comerciales abordados en el acuerdo. Recientemente, el 31 de julio pasado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el TLC, cuya entrada en vigencia está programada para el 1º de enero de 2004.

En los últimos 12 años, Chile ha negociado acuerdos comerciales con el grueso de sus principales socios, entre ellos los países América Latina y Canadá. En el año 2002 se firmó además el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y se concluyeron las negociaciones con Corea del Sur, todo lo cual convierte a Chile en una sólida plataforma de inversión, gracias a esta red de acuerdos comerciales que conforman un mercado de más de mil millones de consumidores.


1. Aspectos generales del TLC

Este acuerdo es el primero que celebra Estados Unidos con una nación sudamericana. Además de ser la economía más grande del mundo —con 22% del PIB mundial—, Estados Unidos es además el primer socio comercial y principal inversionista extranjero en Chile.

El TLC incluye temas diversos, entre ellos, la desgravación arancelaria, administración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, inversiones, políticas de competencia, entrada temporal de personas, tratamiento moderno de los temas laborales y medioambientales, así como normas sobre propiedad intelectual. Se destaca también un mecanismo de solución de controversias expedito e imparcial y el tratamiento del comercio electrónico, que permitirá un interacción más dinámica en el mundo de la nueva economía.

En materia de reducción de aranceles para el comercio de bienes, el TLC contempla que el 90% de los productos importados por Chile desde Estados Unidos y el 95% de los productos chilenos importados por Estados Unidos tendrán desgravación arancelaria inmediata, mientras que el resto de los productos se desgravarán en un plazo máximo de 12 años. Estas condiciones favorables de acceso a la economía más grande del mundo constituirán un atractivo para las decisiones de inversión en Chile de las principales empresas internacionales, tanto americanas, como europeas y asiáticas, sin excluir las oportunidades que también se abren para inversionistas argentinos y brasileños.


2. Normas sobre propiedad intelectual en el TLC

El Capítulo 17 del TLC está destinado a la regulación de los derechos de propiedad intelectual. En esta materia, el TLC se adecua a los estándares modernos dando cuenta de los últimos avances tecnológicos. En términos generales, puede sostenerse que muchas de las normas contenidas en este capítulo ya se encuentran incorporadas en la legislación interna de Chile.

Un aspecto relevante de carácter general contemplado en el Capítulo 17 es la garantía de que cada país otorgará a los nacionales de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección y goce de los derechos de propiedad intelectual.


2.1. Reconocimiento de los tratados sobre propiedad intelectual

Ambos países reconocen la conveniencia de relacionarse sobre las bases establecidas en tratados internacionales existentes en el campo de la propiedad intelectual.

En este sentido, el TLC dispone que ambos países deberán ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, de 1984 (PCT), antes del 1º de enero de 2007, y, que antes 1º de enero del 2009 deberán ratificar o adherir a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, de 1991, el Tratado sobre Derechos de Marcas, de 1994, y el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, de 1974.

Además, se dispone que ambas países harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir al Tratado sobre Derecho de Patentes, de 2000, al Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales, de 1999, y al Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 1989.

Se señala también que ninguna disposición del TLC relativa a los derechos de propiedad intelectual podrá ir en detrimento de las obligaciones y derechos de una nación respecto de la otra en virtud del acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).


2.2. Marcas Comerciales

El TLC dispone que las marcas de fábrica o de comercio incluirán tanto las marcas colectivas, marcas de certificación y las marcas sonoras, pudiendo además incluirse las marcas olfativas.

En materia de protección de derechos, el TLC dispone que cada parte deberá otorgar la oportunidad para que los interesados se opongan a las solicitudes de registro de marcas, y se reconoce el derecho exclusivo del titular de una marca registrada para impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares, para productos o servicios relacionados, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

También se reconoce que el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 1967 (Convenio de París), se aplicará mutatis mutandis a productos y servicios que no sean similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, esté registrada o no, a condición de que el uso de esa marca indique una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca notoria. Igualmente, cada país deberá establecer medidas para prohibir o anular el registro de una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, si el uso de esa marca por el solicitante de un registro pudiere provocar confusión, o inducir a error o engaño, o si existiere el riesgo de asociar esa marca con el titular de la marca notoria, o constituyere una explotación desleal de la reputación de dicha marca. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, no se exigirá que su reputación se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios.

El TLC también contiene diversas normas relativas al procedimiento de registro de marcas comerciales, disponiéndose que cada país debe establecer un sistema que incluya información acerca de las razones de rechazo al registro, la oportunidad para responder a la autoridad, para impugnar una negativa inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva. Igualmente, ambos países se comprometen, en la mayor medida de lo posible, a establecer un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantención de marcas.


2.3. Nombres de dominio

Ambos países se comprometen a que los respectivos administradores locales de nombres de dominio geográficos (ccTLD) establezcan un procedimiento de solución de controversias basado en los principios de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas. Además, tales administradores deberán proporcionar acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa, con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio.


2.4. Indicaciones geográficas

Estados Unidos y Chile se obligan a proteger recíprocamente sus indicaciones geográficas, exigiéndose además la publicación de las solicitudes, la existencia de un procedimiento de oposición a solicitudes y de nulidad de registros de indicaciones geográficas.

Desde la fecha de entrada en vigor del TLC, sólo se podrá negar la protección o registro de una indicación geográfica cuando ésta sea confusamente similar a una solicitud de marca preexistente y hecha de buena fe, o bien a una marca registrada preexistente, o incluso una marca previa cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe.


2.5. Patentes

En esta materia el TLC dispone que cada parte podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente.

Además, ambos países se obligan a ajustar el plazo de una patente para compensar las demoras injustificadas que se produzcan en su otorgamiento. Para estos efectos, por demora injustificada se entenderá la demora en la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior.

Un aspecto interesante en esta materia es que ninguna parte podrá usar la divulgación pública como motivo para no otorgar la patente por falta de novedad o de actividad inventiva, siempre que la divulgación pública sea hecha o autorizada por el solicitante de la patente, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Respecto de los productos farmacéuticos amparados por una patente, cada país debe otorgar una extensión del plazo de la patente para compensar al titular de la misma por la reducción injustificada del plazo de la patente, resultante del proceso de autorización de comercialización, debiendo además poner a disposición del titular de la patente la identidad de cualquier tercero que solicite la autorización de comercialización efectiva durante el plazo de la patente, y negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o la aquiescencia del titular de la patente.


2.6. Derechos de autor

Entre muchas otras materias, el acuerdo establece que ambos países dispondrán que los autores de obras literarias y artísticas tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal, incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica. Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el Convenio de Berna, de 1971, ambas partes otorgarán a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras de manera que se pueda acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que se elija.

El TLC también destina disposiciones relativas a los derechos conexos, regulando el derecho de reproducción, la autorización de puesta a disposición del público del original y copias, así como la autorización o prohibición de radiodifusión.

Se señala además que cualquier propietario de cualquier derecho económico —es decir, no de un derecho moral— podrá, libre y separadamente, transferir tal derecho mediante un contrato. Cada país podrá establecer cuáles contratos de empleo que implican la creación de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en ausencia de un acuerdo por escrito, implican una transferencia de los derechos económicos en virtud de la ley.


2.7. Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual

Con la finalidad de sancionar efectivamente la piratería y la falsificación, el TLC establece que ambas países contarán con procedimientos judiciales civiles y penales que incorporen medidas y atribuciones eficaces.

En materia de procedimientos civiles se dispone que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el pago indemnizaciones, el secuestro de las mercancías bajo sospecha de infracción y la destrucción de éstas cuando hayan sido determinadas como mercancías infractoras. Las solicitudes de medidas precautorias que se presenten sin haber oído a la otra parte deberán substanciarse en forma expedita, pudiendo exigirse al solicitante una garantía para evitar abusos, pero sin que ello constituya una disuasión injustificada del acceso a dichos procedimientos.

En el ámbito criminal, el TLC señala que ambos países se obligan a establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería, a escala comercial, de obras protegidas por el derecho de autor o derecho conexos, incluyendo sentencias de prisión y/o multas disuasivas. Las autoridades judiciales tendrán también facultades para incautar mercancías sospechosas de falsificación o piratería, así como para ordenar el decomiso de los productos.

También se regulan expresamente las medidas en frontera, estableciendo que cualquier titular de un derecho intelectual podrá iniciar un procedimiento con el objeto que las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías sospechosas.

Finalmente, tanto respecto de las medidas en frontera como de los procedimientos penales, el TLC dispone que en casos de piratería lesiva de los derechos de autor y de falsificación de marcas, las autoridades correspondientes estarán facultadas para ejercer acciones legales de oficio.